Will Freeman y Lucas Perelló abordaron esta cuestión en un ensayo publicado en el New York Times después de las elecciones en El Salvador. Freeman, experto en estudios latinoamericanos centrado en crimen organizado y democracia, y Perelló, académico de ciencias políticas en el Marist College, fundamentaron su análisis en la premisa de que aplicar el enfoque de Bukele para controlar el crimen organizado no es viable en otros contextos latinoamericanos.
Su argumento principal se basa en que los grupos delictivos en países como México, Colombia y Brasil poseen mayor poder económico, armamento y conexiones internacionales, en comparación con las maras que predominaban en El Salvador. Explican que, al enfrentar a líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se desintegran; más bien, contraatacan o surgen nuevos, atraídos por los lucrativos ingresos del comercio de drogas.
Freeman y Perelló también destacan que, al desencadenar una “guerra” contra las pandillas, El Salvador contaba con fuerzas de seguridad más profesionales en comparación con otros territorios, permitiéndoles hacer frente a las facciones delictivas cuando fueron convocadas. Mencionan el caso de Honduras, donde la corrupción impulsada por pandillas entre las fuerzas de seguridad ha sido un problema profundo, contribuyendo al fracaso de intentos inspirados en Bukele.
La infiltración de grupos criminales en organismo de seguridad se ha observado en México y Venezuela. Incluso si los líderes envían fuerzas a realizar redadas masivas como las de Bukele, las fuerzas de seguridad pueden no estar preparadas o carecer de incentivos para respaldar la misión.
En su ensayo, los analistas resaltan la debilidad de la oposición política en El Salvador, donde los principales partidos, FMLN y Arena, carecen de la capacidad para contener las acciones del nuevo presidente. Esta situación no se replica en otros países de la región, donde partidos políticos sólidos y fuerzas de oposición podrían exigir rendición de cuentas ante un ejecutivo que busque extender su control.
En conclusión, advierten que los gobiernos que intenten duplicar el “modelo Bukele” enfrentarán problemas similares, sin lograr una reducción significativa en las cifras de delincuencia, lo que podría causar daños duraderos a la democracia.
