En un movimiento sin precedentes, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha propuesto formalmente este jueves reclasificar a la marihuana como una droga de bajo riesgo, marcando un hito en la política de drogas de Estados Unidos.
“Nadie debería estar en la cárcel simplemente por usar o poseer marihuana. Punto”, afirmó Biden en una declaración en video. Expresó además su firme compromiso de corregir los errores de políticas anteriores, señalando que “demasiadas vidas han sido alteradas debido a un enfoque equivocado hacia la marihuana”.
La propuesta es un cambio significativo en la clasificación de la marihuana, que ha sido considerada como una droga de la Lista I según la Ley de Sustancias Controladas (CSA) desde 1970. Esta clasificación la coloca en la misma categoría que sustancias altamente peligrosas como la heroína, el éxtasis y el LSD, lo que implica que carece de uso médico aceptado y tiene un alto potencial de abuso.
La propuesta de Biden busca rebajar la marihuana a una droga de la Lista III, junto con la ketamina y los analgésicos que contienen codeína, con una probabilidad de dependencia considerada moderada a baja.
Este cambio en la clasificación de la marihuana es parte de un esfuerzo más amplio por reformar las políticas de drogas en Estados Unidos y abordar las disparidades raciales en el sistema de justicia penal, donde las comunidades minoritarias han sido desproporcionadamente afectadas por las leyes contra la marihuana.
La iniciativa para reclasificar el cannabis fue presentada por la administración Biden a finales de abril, y el Departamento de Justicia inició oficialmente el proceso este jueves. Sin embargo, la marihuana seguirá siendo una sustancia controlada hasta que se complete el proceso, que incluye un período de consulta pública y una posible audiencia ante un juez.
Este anuncio ha generado un amplio debate en la sociedad estadounidense, con defensores que elogian el cambio como un paso hacia una política de drogas más equitativa y compasiva, mientras que algunos críticos expresan preocupaciones sobre los posibles impactos en la salud pública y la seguridad.
