La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dado luz verde a la demanda de nulidad contra la aprobación del estudio de impacto ambiental (EsIA) del proyecto portuario Puerto Barú, ubicado en el distrito de David, provincia de Chiriquí. Con esta decisión, se abre un proceso legal que permitirá determinar si la evaluación ambiental cumplió con la normativa vigente.
El caso ha sido impulsado por diversas organizaciones ambientales, entre ellas el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Adopta Bosque, CEASPA, FUNDICCEP, Fundación Panacetacea y Proyecto Primates Panamá. Estas agrupaciones sostienen que el EsIA aprobado por la administración anterior del Ministerio de Ambiente presentó irregularidades y omisiones en su evaluación.
Puerto Barú, que se construiría a 20 kilómetros de la ciudad de David, ha generado preocupación entre ambientalistas, quienes advierten que el área donde se desarrollaría el proyecto alberga el 25% de los manglares restantes en el país. Por ello, más de 50 organizaciones han manifestado su respaldo a la demanda y han lanzado una campaña para visibilizar los riesgos ambientales que el puerto podría representar.
A pesar de la admisión de la demanda, la CSJ, a través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, rechazó una solicitud previa para suspender provisionalmente la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental. La petición había sido presentada por la abogada Joana Anabel Ábrego en representación de diversas ONG, quienes argumentan que dicha resolución es ilegal.
El proceso legal continuará en las próximas semanas con la revisión de los argumentos presentados por las partes involucradas. Mientras tanto, los grupos ambientalistas seguirán insistiendo en la necesidad de evaluar con mayor rigor los posibles efectos del proyecto en los ecosistemas de la región.
