El presidente de la República, José Raúl Mulino, destituyó a Edgar Iglesias Constantino, quien había sido nombrado subgerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) el pasado 8 de julio. Iglesias también era agente residente de Grand Bell International, S.A., que obtuvo una concesión para construir y subarrendar bodegas en la terminal de carga de Tocumen.
La decisión se conoció el 19 de julio, tras la publicación de la resolución de destitución en la Gaceta Oficial. Iglesias estuvo solo nueve días en el cargo antes de que Aitsa rescindiera su contratación como agente residente por posibles conflictos de intereses, aunque no se mencionó su puesto de subgerente.
Grand Bell International obtuvo su concesión en abril de 2012, cuando Iglesias era gerente de Asesoría Legal de Aitsa durante el gobierno de Ricardo Martinelli. La relación de Iglesias con esta empresa se conoció gracias a una publicación de La Prensa el 12 de julio, lo que llevó a Iglesias a renunciar como agente residente de Grand Bell, aunque su nombre seguía apareciendo en el Registro Público.
El proyecto de Grand Bell tuvo problemas durante el gobierno de Juan Carlos Varela, siendo paralizado y auditado. En 2017, el contrato fue rescindido, lo que llevó a un arbitraje contra el Estado panameño. El tribunal arbitral declaró ilegal la rescisión y ordenó a Aitsa definir un nuevo cronograma y pagar los costos del proceso, que ascendieron a $836,382.
La junta directiva de Aitsa, presidida por el exministro de Comercio e Industrias Federico Alfaro Boyd, nombró a Iglesias como agente residente en una reunión extraordinaria y urgente. El acta de la reunión fue notariada por el propio Iglesias. José Ruiz, el nuevo gerente general de Aitsa, asumió formalmente el cargo en un acto en el Ministerio de Economía y Finanzas.
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