En Queensland, Australia, se ha aprobado una legislación que someterá a niños de hasta 10 años a las mismas penas que los adultos si son declarados culpables de delitos graves como asesinato, agresión grave y allanamientos. La medida surge como respuesta a la creciente preocupación de la comunidad por los crímenes cometidos por delincuentes juveniles, buscando imponer penas más severas como disuasión.
El gobierno del estado, liderado por el primer ministro David Crisafulli, justificó la medida argumentando que estas nuevas reglas serían un acto de justicia para las víctimas y para aquellos que se sienten inseguros debido a la delincuencia juvenil. Los partidarios de la ley creen que este enfoque punitivo es necesario para enfrentar lo que describen como una ola de delincuencia juvenil, con el respaldo de una sensación generalizada de inseguridad.
Sin embargo, la propuesta ha generado una gran polémica. Varios expertos en criminología y psicología infantil han advertido que la implementación de penas más severas no necesariamente reduce la delincuencia juvenil; en muchos casos, podría empeorarla. Investigaciones han demostrado que el castigo duro puede aumentar las tasas de reincidencia, ya que los jóvenes, al ser sometidos a penas severas, pueden terminar más atrapados en el sistema penal sin oportunidad de rehabilitación adecuada.
Además, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas han manifestado su preocupación, señalando que estas reformas violan las convenciones internacionales sobre los derechos de los niños. En particular, subrayan que se está ignorando la capacidad de los menores para cambiar y la importancia de un enfoque rehabilitador, que respete su desarrollo y su derecho a la reintegración social.
Por otro lado, la Oficina Australiana de Estadísticas ha refutado la percepción de una ola de delincuencia juvenil, señalando que las tasas de criminalidad juvenil han disminuido en los últimos 14 años y se han mantenido estables, lo que pone en duda la eficacia de un enfoque punitivo.
Las nuevas leyes, conocidas como “delitos de adultos, tiempo de adultos”, incluyen penas más duras para 13 delitos graves cometidos por menores, entre ellos la prisión perpetua obligatoria para el asesinato, con un período de 20 años sin libertad condicional. Esta legislación posiciona a Queensland como el estado con más niños detenidos en todo Australia, lo que ha generado aún más preocupación sobre sus implicaciones a largo plazo.
