El reciente deterioro fiscal de Panamá, evidenciado por el aumento de la deuda pública y el déficit fiscal, ha encendido alarmas tanto dentro como fuera del país. Según Fitch Ratings y Moody’s, el deterioro fiscal de 2024 ha superado las previsiones más pesimistas, poniendo en entredicho la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Contexto y análisis del problema
Las cifras actuales son contundentes: la deuda representa el 63% del PIB, mientras que el déficit fiscal podría cerrar en el 6%, según estimaciones de Fitch. Este déficit está muy por encima del límite del 2% establecido anteriormente por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que fue modificada para flexibilizar el gasto.
Los altos costos del endeudamiento han agravado la situación. Panamá paga intereses superiores al 6%, niveles que reflejan la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esto contrasta drásticamente con tasas inferiores al 3% que el país disfrutaba en 2019. Según René Quevedo, consultor empresarial, el mercado ya considera a Panamá un país sin grado de inversión, lo que incrementa los costos de financiamiento.
Medidas propuestas y sus desafíos
El gobierno de José Raúl Mulino enfrenta una ardua tarea. A pesar de la reducción del presupuesto aprobado para 2025 (30,111 millones de dólares frente a los 30,690 millones de 2024), las agencias calificadoras advierten que estas medidas serán insuficientes para lograr un cambio significativo.
Las estrategias, como el fortalecimiento de la recaudación fiscal mediante la implementación de la facturación electrónica y medidas contra la evasión fiscal, han sido catalogadas como insuficientes por Fitch, debido al histórico bajo rendimiento tributario en relación con el crecimiento económico.
Además, los analistas económicos señalan la necesidad de reformas estructurales profundas, incluyendo recortes significativos en el gasto y la eliminación de rigideces presupuestarias asociadas a disposiciones legales. Sin embargo, estas medidas podrían enfrentar una fuerte resistencia política y social.
Riesgos y oportunidades
El economista Esteban Tamayo, de Citi, advirtió que Panamá tiene un margen de 12 meses para implementar cambios significativos antes de que las agencias revisen nuevamente la calificación soberana. De no hacerlo, Panamá podría enfrentar la pérdida total del grado de inversión, lo que afectaría gravemente su acceso a financiamiento internacional y encarecería aún más su deuda.
Aunque el cambio de perspectiva de Moody’s de negativa a estable es una señal de que hay margen para la mejora, los economistas coinciden en que esto debe ser visto como un llamado de atención más que como un alivio.
Conclusión
La situación fiscal de Panamá no solo refleja un deterioro económico, sino también un desafío político y estructural para corregir décadas de déficit fiscal. Las decisiones que tome la administración actual serán cruciales para restaurar la confianza de los inversionistas y garantizar la sostenibilidad económica del país.
