El gobierno del presidente Laurentino Cortizo declaró un “estado de emergencia ambiental” en cuatro ocasiones entre noviembre de 2020 y agosto de 2023, destinando al menos $310 millones para enfrentar los daños causados por desastres naturales.
La última declaración de emergencia, emitida el 27 de julio de 2023, comenzó con una asignación inicial de $7 millones para la reparación de vías en la comarca Ngäbe Buglé. Sin embargo, en un giro inesperado, el monto aumentó a $150 millones solo 12 días después, tras recibir un nuevo informe sobre el deterioro de la red vial.
Estos estados de emergencia, invocados inicialmente para abordar daños causados por las lluvias de los huracanes Eta e Iota y posteriormente por sequías vinculadas al fenómeno de El Niño, permitieron realizar contrataciones especiales sin las evaluaciones previas habituales.
En total, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha emitido seis contratos directos por $34,367,337 para la rehabilitación de carreteras en la comarca Ngäbe Buglé. Estos contratos, que fueron cancelados el 14 de diciembre de 2023, presentan irregularidades en el proceso de selección, ya que solo se menciona la oferta seleccionada, sin detallar si se consideraron otras propuestas.
La asignación de recursos en tiempos de emergencia ha generado controversia debido a la falta de claridad y transparencia en el proceso de contratación, evidenciando una preocupación sobre la gestión de los fondos destinados a la recuperación y rehabilitación de las áreas afectadas.
