El polémico caso de Chrystul Kizer, una joven afroestadounidense, ha captado la atención nacional en Estados Unidos debido a las circunstancias extremas de su condena. El lunes, Kizer, de 24 años, fue sentenciada a 11 años de prisión, descontando el tiempo ya cumplido, por matar a Randall Volar III, su abusador sexual. El caso ha generado un intenso debate sobre cómo el sistema legal trata a las víctimas de trata y abuso sexual que se ven forzadas a cometer actos de violencia para defenderse.
Kizer, quien tenía 17 años cuando cometió el crimen en 2018, se enfrentaba a una posible cadena perpetua por el asesinato de Volar, de 34 años. Después de una larga batalla legal, la joven se declaró culpable de homicidio imprudente en segundo grado, un cargo reducido que conlleva una pena de hasta 30 años. Sin embargo, el juez David P Wilk de Kenosha, Wisconsin, le impuso una sentencia de 11 años de prisión y cinco años de libertad supervisada.
El caso se volvió un símbolo de la controversia sobre la “defensa afirmativa”, una figura legal que busca proteger a víctimas de trata de prostitución y otras formas de abuso que se ven involucradas en delitos como resultado de su victimización. La defensa de Kizer argumentó que ella actuó en defensa propia después de que Volar intentara violarla. La Corte Suprema de Wisconsin había dictaminado que esta figura legal podía aplicarse en casos de homicidio bajo ciertas condiciones.
Kizer había mantenido una relación con Volar que comenzó cuando ella tenía 16 años. Durante casi dos años, fue víctima de abuso sexual y prostitución forzada. El crimen que la llevó a prisión ocurrió cuando Kizer, al sentirse amenazada, disparó a Volar en la cabeza y luego prendió fuego a su casa. La defensa alegó que su acto fue una reacción desesperada a una agresión inminente.
El caso de Chrystul Kizer ha desatado una ola de apoyo y protesta, con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y la comunidad negra exigiendo su exoneración. Activistas han argumentado que la condena no solo no contribuye a sanar el daño sufrido, sino que perpetúa la criminalización de las víctimas de abuso. A pesar de la sentencia, el debate sobre cómo el sistema legal maneja tales casos sigue siendo una cuestión candente en Estados Unidos.
