En 2019, Odila Castillo Bonilla era una funcionaria más en el vasto entramado del servicio público, trabajando como asesora jurídica en la Contraloría General de la República. Con la llegada del nuevo gobierno del PRD, parecía que su carrera seguiría el curso habitual. Sin embargo, esos días de salario fijo y vida ordinaria quedaron enterrados en el pasado.
Hoy, Odila Castillo ha ascendido a la categoría de multimillonaria. La exfuncionaria se pasea entre propiedades de lujo: una docena de apartamentos en la ciudad de Panamá, un penthouse en el exclusivo complejo de Santa María, un apartamento en las costas de Buenaventura, y un costoso local comercial en David, su tierra natal. Además, Castillo posee una oficina de diseño sofisticado en Costa del Este, donde se consolida su nueva vida como magnate. Sus cuentas bancarias engrosadas con millones de dólares evidencian el cambio radical.
¿Cómo es que esta abogada pasó de ser una asalariada a acumular tal fortuna? Su especialidad, según ella misma repite con orgullo, es el derecho administrativo, en particular las controvertidas “cláusulas de equilibrio contractual” en los contratos con el Estado. Entre los admiradores de su presunto “talento” legal se encuentra nada menos que su antiguo jefe y aún contralor, Gerardo Solís, quien no escatima elogios para Castillo. A pesar de no formar parte de la plantilla actual de la Contraloría, su relación con Solís se ha mantenido intacta, incluso después de un incidente policial en 2021, en el que el contralor defendió vigorosamente a su exsubordinada.
El vínculo entre ambos no se ha roto, y Solís lo dejó claro en una entrevista con La Prensa a finales de julio, cuando describió a Castillo como la mejor conocedora del derecho administrativo y contrataciones públicas. Solís incluso le atribuye el desbloqueo del litigio de la Ciudad de la Salud, un logro que, según él, catapultó el proyecto hacia su construcción.
Sin embargo, no todo encaja en este relato. Las mismas palabras que usa Solís para elogiar a Castillo son las que ella emplea para describirse a sí misma, lo que despierta preguntas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Familias enteras de la abogada han desfilado por la planilla de la Contraloría, y varias de sus sociedades empresariales están registradas a nombre de allegados, como su madre María Bonilla o Kristel Cousins, quien entró a la Contraloría en 2020.
Pese a los cuestionamientos, Castillo guarda silencio. Tras recibir un extenso cuestionario por parte de La Prensa, solo respondió que se encontraba con su familia, y hasta el cierre de la edición, no había ofrecido respuestas.
A medida que se indaga más en la fortuna de Castillo, surgen más dudas. ¿Cómo es posible que una abogada pueda haber acumulado millones en inmuebles y fondos líquidos gracias a contratos de “equilibrio contractual”, si el propio Solís asegura que ha refrendado menos de 10 adendas bajo esa figura durante su gestión? La magnitud de sus ingresos plantea la posibilidad de que los servicios legales de Castillo estén entre los más caros del país.
Las preguntas continúan, y mientras Castillo sigue sumida en el misterio, la relación entre su fortuna y su paso por la Contraloría no deja de levantar suspicacias. Lo que es claro es que la historia de Odila Castillo no termina aquí.