Promotores inmobiliarios, desarrolladores y constructores han elevado su voz de alerta ante lo que califican como una “situación insostenible” en el sector vivienda. Denuncian que los bancos estatales están exigiendo un pago adicional del 3% a los promotores para liberar los créditos hipotecarios destinados a compradores, lo que ha encarecido los costos y frenado el mercado.
Esta situación se agrava tras el vencimiento del Fondo Solidario y la falta de renovación de la Ley de Intereses Preferenciales, instrumentos que habían facilitado el acceso a viviendas de interés social en años anteriores. Desde la expiración de estos incentivos, se estima que el sector ha perdido aproximadamente 300 millones de dólares en ventas no concretadas.
Los empresarios del rubro instan al Gobierno a acelerar la aprobación de la nueva Ley de Intereses Preferenciales, advirtiendo que el retraso no solo perjudica a los promotores, sino también a miles de familias que ven truncado su sueño de adquirir una vivienda propia. Además, temen que esta crisis provoque la paralización de proyectos habitacionales y un aumento en el desempleo dentro del sector construcción.
“Nos encontramos en un punto crítico. Si no se actúa con prontitud, el impacto económico será mayor, y la vivienda digna será cada vez más inaccesible para la población”, expresó un vocero del gremio.
