El perdón de una deuda fiscal de $16 millones a la empresa española FCC por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI) ha desatado una ola de controversia en Panamá. La medida, defendida por el exjefe de la entidad, Publio De Gracia, está siendo investigada por el Ministerio Público ante sospechas sobre su legalidad y transparencia.
Según De Gracia, la decisión se fundamentó en la Ley 337 de 2022, que permite a la DGI alcanzar acuerdos extraordinarios con contribuyentes para evitar litigios prolongados con desenlaces inciertos. Sin embargo, este caso ha levantado dudas en distintos sectores, que cuestionan si la aplicación de esta normativa benefició indebidamente a la constructora, que ha estado involucrada en escándalos de corrupción en América Latina.
La investigación del Ministerio Público busca esclarecer si hubo irregularidades o favoritismo en este acuerdo fiscal y si la condonación de impuestos a FCC cumplió con los requisitos legales. Mientras tanto, economistas y líderes de opinión han señalado que este tipo de decisiones afectan la recaudación estatal y generan un precedente preocupante en la lucha contra la evasión fiscal en el país.
En medio de este escándalo, sectores políticos y ciudadanos exigen mayor transparencia en la gestión tributaria, mientras la DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrentan presión para aclarar los criterios utilizados en la aplicación de esta ley.
¿Beneficio legítimo o trato preferencial? La investigación determinará si la condonación millonaria fue un procedimiento legal o si existen responsabilidades que deben ser sancionadas.
