En su segundo debate, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto de ley 90, que establece el uso obligatorio de cámaras corporales para los agentes de la Policía Nacional. La medida busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las operaciones policiales.
Además, el proyecto de ley 60 busca “validar” el uso de esta tecnología, que ha estado en implementación desde 2020, para documentar las actuaciones de las unidades policiales.
Según la normativa, las grabaciones deberán ser almacenadas sin posibilidad de edición o eliminación. En casos de incidentes críticos, las imágenes deberán ser publicadas por la Policía Nacional en un plazo de 30 días posteriores al suceso.
La iniciativa ha sido recibida con opiniones divididas: algunos la consideran un avance en materia de derechos humanos y control policial, mientras que otros advierten sobre posibles riesgos en la privacidad y el manejo de la información.
