Una extensa investigación liderada por el Ministerio Público ha puesto al descubierto una red dedicada a la usurpación de aproximadamente 13 mil 500 hectáreas de tierras en la provincia del Darién. En el centro de este escándalo se encuentran exfuncionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), así como también individuos vinculados al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), topógrafos y abogados.
Las pesquisas revelaron que este grupo operaba facilitando trámites para la obtención de títulos de propiedad, utilizando artimañas para simular ser peticionarios de derechos posesorios sobre parcelas de tierras estatales y otras ocupadas por comunidades indígenas. Con la colaboración de topógrafos, se elaboraban planos de las parcelas para asignarlas a terceros, incluso aquellas que ya estaban en proceso de titulación por parte de otras personas.
El proceso para obtener los derechos posesorios de las parcelas contaba con la colaboración de funcionarios de la Anati y MiAmbiente, mientras que los abogados aceleraban el trámite de adjudicación. Las tierras, una vez obtenidas fraudulentamente, eran transferidas a nombre de sociedades que posteriormente las vendían a terceros con fines diversos, como la creación de fincas ganaderas o la explotación ilegal de madera.
Los casos de usurpación de tierras han sido detectados en los distritos de Chepigana y Pinogana, concretamente en las localidades de Amarradero en el corregimiento de Comogantí, Chepigana; Aruza, en el corregimiento de Yape, distrito de Pinogana; y Gigralito de Puerto Piña y Quebrada Venado, en el distrito de Chepigana.
El primer caso fue detectado en Amarradero, dentro de Comogantí, en la región de Chepigana. Allí se concedieron derechos de posesión ilegales sobre 4 mil hectáreas de áreas boscosas. En respuesta, la Fiscalía de Darién formuló cargos contra 11 individuos por la presunta comisión de malversación, asociación ilícita y manejo irregular de terrenos.
La segunda indagatoria se llevó a cabo en Aruza, dentro de Yape, en el distrito de Pinogana. Dos exfuncionarios y un individuo privado fueron imputados por la presunta comisión de malversación, asociación ilícita, lavado de dinero y tramitación irregular de tierras.
Por último, la tercera investigación se llevó a cabo en Gigralito, cerca de Puerto Piña y Quebrada Venado, en el distrito de Chepigana, donde ilegalmente se transfirieron alrededor de 1,500 hectáreas de bosques. Cinco individuos enfrentan cargos por presunta malversación, lavado de dinero, asociación ilícita y adquisición irregular de tierras.
Y faltan mas por caer….mis tierras la vendieron …29 hectareas a 300 balboas…todos deben ir preso..hay muchos casos sin mencionar en esta noticia. Quemaron documentos para no dejar rastros es lo que se dice y es asi porque a un familiar no le aparecen sus documentos como posesorio!!