La popular plataforma de video TikTok ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, en respuesta a una nueva ley que obligaría a su empresa matriz china, ByteDance Ltd., a desinvertir en la aplicación o enfrentar una prohibición en todo el país.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. en el Distrito de Columbia, marca el primer desafío legal desde que el Congreso aprobó la polémica legislación en abril. TikTok argumenta que la ley amenaza la libertad de expresión y perjudica a los creadores y pequeñas empresas que dependen económicamente de la plataforma.
El presidente de TikTok, Shou Chew, ha luchado incansablemente contra la legislación, que ha generado preocupaciones sobre la seguridad nacional y el acceso de China a los datos de los usuarios. Según Chew, la ley forzaría el cierre de TikTok para enero de 2025, afectando a los 170 millones de usuarios estadounidenses que utilizan la plataforma.
La empresa ha solicitado al tribunal que declare que la ley viola la Constitución y que prohíba al Departamento de Justicia su aplicación. TikTok está representada legalmente por Covington and Burling LLP y Mayer Brown LLP.
Los intentos anteriores de la administración Trump de forzar la venta de TikTok a una empresa estadounidense o enfrentarse a una prohibición fueron bloqueados por desafíos legales. Sin embargo, la nueva ley ha reavivado la batalla legal, con TikTok argumentando que una prohibición devastaría a millones de negocios y afectaría negativamente a la economía estadounidense.
Mientras tanto, TikTok y otras plataformas enfrentan múltiples demandas que las acusan de crear adicción en los jóvenes y provocar trastornos mentales. Montana se ha convertido en el primer estado en promulgar una ley que prohíbe el uso de la aplicación, aunque un juez federal bloqueó temporalmente esta medida.
El plazo inicial para la desinversión está programado para el 19 de enero, un día antes de la próxima investidura presidencial. Se espera que el presidente Biden pueda retrasar este plazo otros 90 días, lo que prolongaría aún más esta batalla legal de gran repercusión nacional e internacional.
