Un jurista ha ofrecido detalles sobre el proceso que debe seguir el gobierno para recuperar los fondos de los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). En una reciente declaración a La Verdad Panamá, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, subrayó que el gobierno deberá demostrar irregularidades específicas en cada caso para poder recuperar estos fondos.
El jurista explicó que los auxilios económicos concedidos por el Ifarhu se consideran actos administrativos, los cuales se rigen por la presunción de legalidad. Esto significa que cada resolución otorgada a un beneficiario debe ser revisada de manera individual para identificar posibles incumplimientos normativos.
Según la ley de proceso administrativo, específicamente el artículo 60, la revocación de actos administrativos es posible solo si se identifican violaciones en el procedimiento o vicios en la forma en que se otorgaron los auxilios. Cualquier decisión de revocación debe ser notificada a los beneficiarios y podría ser objeto de debate, incluso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Para los beneficiarios que desean evitar un prolongado proceso judicial, se sugiere la opción de devolver los fondos de manera voluntaria, especialmente si reconocen errores u omisiones en el proceso. En contraste, aquellos que se nieguen a devolver los auxilios podrían enfrentar un proceso judicial que complicaría la resolución del caso.
Araúz también destacó que la administración del Ifarhu deberá presentar pruebas claras de las normativas incumplidas para justificar la recuperación de los fondos. El proceso legal se dividiría en dos fases: primero, la revocación de los actos administrativos y, una vez firme esta decisión, se iniciaría el debate sobre la recuperación de los fondos.
En caso de que no se encuentren motivos para declarar incumplimientos procedimentales, los fondos otorgados no podrán ser recuperados. La situación es compleja y requerirá un análisis detallado para determinar la mejor forma de proceder, considerando que hasta que no se emita una nueva resolución, los actos administrativos se presumen válidos y legítimos.
La administración deberá revisar una extensa lista de 26,631 beneficiarios que recibieron un total de B/. 380,833,655.91 en auxilios económicos entre 2014 y 2024.
