La diputada Janine Prado ha presentado un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional con el fin de reforzar la protección de menores y personas con discapacidad. La iniciativa propone cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, así como en la Ley 69 de 2007.
Prado indicó que el Ministerio Público ha reportado un aumento en las denuncias de abuso sexual, particularmente en Veraguas, donde el 68% de las investigaciones involucran a menores y personas con discapacidad, sobre todo en Santa Fé y Las Palmas.
El proyecto de ley contempla penas de 20 a 28 años para delitos contra la indemnidad sexual en casos específicos, como cuando la víctima es menor de 14 años, tiene una discapacidad, o el agresor es un pariente cercano o tutor. También se prevé un aumento de penas si la víctima queda embarazada o el agresor es portador de una enfermedad incurable.
Se propone cambiar el artículo 65 del Código Penal para eliminar el trabajo comunitario como sanción en casos de delitos sexuales contra menores o personas con discapacidad.
Además, la ley exige que el acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado incluya la opinión de la víctima o su representante legal antes de ser presentado al juez. El Ministerio Público debe hacer todos los esfuerzos para contactar a la víctima; si no se logra, esto debe constar en el acuerdo.
Si se descubre que el acuerdo se basó en información falsa, se revocará y se abrirá una nueva causa penal.
