El Partido Revolucionario Democrático (PRD), tras su control de la Asamblea Nacional durante el último quinquenio, deja una estructura sobresaturada de funcionarios, particularmente de los denominados “botellas”, puestos fantasma que ahora enfrentan la posibilidad de ser declarados insubsistentes con la llegada de una nueva oleada de diputados independientes.
Una veintena de legisladores independientes, recién llegados al hemiciclo, observarán detenidamente cada uno de estos nombramientos en la cuestionada Asamblea Nacional. El presidente electo José Raúl Mulino ha enviado un mensaje claro: se avecinan recortes en el presupuesto, una medida respaldada por la población y los nuevos diputados independientes electos en las recientes elecciones del 5 de mayo.
José Chen Barría, excontralor y conocedor de las finanzas públicas, sugiere una estrategia contundente para reducir el excesivo gasto en la Asamblea Nacional: no ejecutar el presupuesto asignado para el año 2024. Según Barría, esta táctica es más efectiva que simplemente recortar partidas presupuestarias.
El presupuesto de la Asamblea Nacional, aunque autoriza el gasto máximo, no implica que deba ser gastado en su totalidad. Con la llegada de nuevos diputados independientes, se abren oportunidades para revisar y reformar el exceso de nombramientos y privilegios cuestionables.
Las “botellas”, personal nombrado pero inexistente en la institución, representan uno de los mayores focos de gasto innecesario. Según La Verdad Panamá, existen seis planillas mensuales, tres de las cuales se destinan a estos nombramientos fantasma.
La Planilla 080, la más costosa, destina $1.9 millones mensuales para 2,703 promotores deportivos y 518 promotores comunales, la mayoría de los cuales no se encuentran en sus puestos y se dedican al proselitismo político en circuitos electorales.
El nuevo grupo de diputados tiene la ardua tarea de revisar estas nóminas sobrecargadas y tomar decisiones para eliminar el despilfarro de recursos públicos. Luis Fuentes Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo, aplaude la intención de los nuevos legisladores de hacer más eficiente y transparente el gasto en la Asamblea Nacional.
La reestructuración de la institución es crucial para acabar con la malversación de fondos y garantizar un uso responsable de los recursos del Estado. Con estos primeros pasos hacia una gestión más eficiente, se espera no solo un ahorro económico significativo, sino también una mayor transparencia y rendición de cuentas en la Asamblea Nacional.