El 3 de diciembre de 2024, Panamá promulgó la Ley No. 458, una reforma significativa a la Ley No. 79 de 2011, orientada a fortalecer las acciones contra la trata de personas. Esta nueva legislación tiene como objetivo mejorar la capacidad del país para enfrentar este delito y garantizar la protección de las víctimas, alineándose con estándares internacionales, como el Protocolo de Palermo, promovido por la ONU.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la actualización frente a los nuevos modus operandi empleados por las organizaciones dedicadas a la trata, lo que permitirá a las autoridades ser más eficientes y adaptativas en la identificación y persecución de los delincuentes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) brindó asesoría técnica durante la redacción de la ley, lo que refuerza el compromiso de Panamá por seguir las mejores prácticas internacionales en la lucha contra la trata.
La Ley No. 458 también se enfoca en mejorar la protección y asistencia a las víctimas, un aspecto que ha sido una prioridad durante más de una década de implementación de la Ley No. 79. El país da así un paso importante en la alineación de sus leyes con los protocolos internacionales y un sistema más efectivo para combatir la explotación de personas, en particular mujeres y niños.
Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024, la trata con fines de trabajo forzoso ha aumentado significativamente a nivel mundial, con un incremento del 47% en las víctimas detectadas entre 2019 y 2022. Esto refleja las crecientes vulnerabilidades de las personas debido a la pobreza, los conflictos y el cambio climático. Este contexto subraya la importancia de esta reforma en Panamá y la necesidad de fortalecer las capacidades para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas.
