El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció que se solicitará asesoría al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial para contratar una firma auditora que evalúe la mina Cobre Panamá. Esta decisión surge tras el cierre de la mina en noviembre pasado, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
El objetivo es desarrollar un marco de referencia para asegurar la contratación de una empresa renombrada y de prestigio, garantizando la transparencia en la auditoría del yacimiento. Moltó indicó que se adelantarán las auditorías sobre el concentrado de cobre debido a los riesgos ambientales que representa.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, respaldó la necesidad de retirar el concentrado de cobre de la mina lo antes posible. Se calcula que hay aproximadamente 132 mil toneladas de cobre almacenadas en la mina ubicada en Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Además, Moltó informó que el MICI está atendiendo las demandas presentadas contra el Estado por el cierre de la mina. Hasta el momento, Panamá ha sido notificada formalmente de dos demandas, incluyendo una de la Corporación Franco-Nevada de Canadá, que exige un pago de $5 mil millones por los daños ocasionados.
El gobierno de José Raúl Mulino enfrenta así un complejo panorama legal y ambiental, mientras busca asegurar una auditoría transparente y enfrentar las consecuencias legales del cierre de la mina Cobre Panamá.