La Defensoría del Pueblo, respaldada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha publicado un boletín que arroja luz sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes irregulares y refugiados que llegan a la provincia de Darién.
El informe destaca un aumento significativo del flujo migratorio en la región, con más de 110 mil personas cruzando la frontera entre Panamá y Colombia en los primeros meses de 2024, un incremento del 20% respecto al año anterior. Este aumento se atribuye, en parte, a las próximas elecciones en Estados Unidos y la posibilidad de un cambio en las políticas migratorias que ha motivado a más personas a emprender el peligroso viaje hacia el norte.
Sin embargo, lo más alarmante son los patrones de abusos y violencia que enfrentan los migrantes durante su travesía. Según el informe, casi el 70% de los entrevistados ha presenciado cuerpos sin vida a lo largo de la ruta del Darién, una selva conocida como un verdadero infierno para los migrantes. Además, una de cada cinco mujeres entrevistadas informó sobre casos de violencia sexual, y el 17% dijo que se les había solicitado favores sexuales a cambio de seguridad u otros beneficios.
La falta de información y condiciones adecuadas en las estaciones temporales migratorias agrava la situación. El 86% de los encuestados no recibió ninguna información al llegar a estas estaciones, el 56% se siente inseguro durante su estancia, y una parte significativa sufrió discriminación o fue víctima de robos, en su mayoría perpetrados por otros migrantes.
Ante este panorama, las autoridades panameñas se enfrentan a un desafío monumental. Aunque se han destinado recursos económicos y humanos para atender a los migrantes, las demandas continúan creciendo. La canciller panameña, Janaina Tewany, ha pedido más ayuda financiera tanto a los países de la región como a las naciones involucradas directamente en el problema migratorio.
La ruta del Darién representa uno de los mayores riesgos en el camino hacia el norte, y la directora de Migración, Samira Gozaine, ha instado a los migrantes a no utilizar esta vía debido a los peligros que enfrentan.
El informe también señala deficiencias en la atención médica, higiene y condiciones de vida en las estaciones temporales, así como la falta de personal o funcionarios de la fiscalía para recibir denuncias de delitos.
La situación en Darién es un llamado de atención urgente sobre la necesidad de abordar la crisis migratoria desde una perspectiva de derechos humanos y cooperación internacional, garantizando la seguridad y dignidad de quienes buscan una vida mejor.
