La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), publicada esta semana en la Gaceta Oficial, ha llevado a los gremios de escuelas particulares a considerar medidas legales contra los padres que incumplan con los pagos. La declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley No. 285 de 2022 ha provocado que las instituciones privadas evalúen tratar a los padres como consumidores.
Los gremios señalan que esta decisión podría resultar en demandas si los acudientes no cumplen con los pagos. También se contempla reforzar la documentación para tener respaldo legal en caso de incumplimientos.
El jueves 18 de julio, directores de diversos colegios particulares se reunieron en la Cámara de Comercio e Industrias (CCIAP) para discutir las acciones a tomar tras la resolución de la CSJ, que prohíbe a las escuelas suspender clases a los niños por falta de pago de los padres.
En esta reunión, que contó con la participación de nueve gremios, se consideró la formación de una federación en respuesta a la decisión de la CSJ. La demanda que llevó a esta decisión fue presentada por la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEP), argumentando que ciertos artículos de la ley violaban la Constitución.
Además de considerar acciones legales, las asociaciones de escuelas particulares están explorando la posibilidad de dialogar con la nueva Asamblea Nacional para exponer su postura, ya que la CSJ no es un recurso disponible para ellos. También se evalúa la uniformidad de contratos y documentación entre las escuelas para evitar que padres morosos inscriban a sus hijos en otras instituciones educativas.
Bueno la situación económica no está muy buena eso deberían comprender esas escuelas y darles hasta fin de año a los papás para que estén paz y salvo