La Caja de Seguro Social (CSS) ha reactivado el proceso de contratación para el servicio de recolección de desechos en sus centros hospitalarios, un contrato valuado en $58.7 millones por los próximos cinco años. Entre las empresas que se presentaron, destaca Pumper S.A., señalada como la favorita, aunque las circunstancias en torno a su participación están generando polémica.
En el acto de presentación de ofertas, se rechazó la propuesta de Building Paradise por $21.8 millones, mientras que Pumper S.A. presentó dos ofertas: una por $18.2 millones para la mitad de los renglones del contrato y otra por $23.3 millones a través del consorcio ILSE. Las otras ofertas fueron de Domingo Morrison por $18 millones, consorcio PHE Covsa por $24.5 millones y Servicios Tecnológicos de Incineración por $7.7 millones.
Sin embargo, las cifras ofertadas y las relaciones entre las empresas han generado dudas sobre la equidad del proceso. Fuentes cercanas sugieren que el resultado podría favorecer nuevamente a Pumper, otorgándole el control del contrato por cinco años más. Esto ha suscitado preocupaciones sobre la falta de competencia real en la licitación.
El proceso ha sido objeto de controversia desde su reactivación, con reclamos de empresas que denunciaron que el acto era restrictivo y limitaba la competencia. Aunque se realizaron ajustes, persisten inquietudes sobre la preferencia por la incineración como único método de tratamiento, lo que podría beneficiar a ciertas empresas, como Pumper S.A.
La CSS ha enfrentado críticas por los precios de referencia del contrato, los cuales parecen estar influenciados por las propuestas económicas de Pumper. Esta situación ha generado dudas sobre la transparencia y la equidad del proceso de licitación, especialmente en un contrato de tal magnitud.
La comunidad espera que se aclaren las circunstancias en torno a esta licitación y que se garantice una competencia justa y transparente que beneficie los intereses de la salud pública y la eficiencia en la gestión de desechos hospitalarios.
Sin embargo, las cifras ofertadas y las relaciones entre las empresas han generado dudas sobre la equidad del proceso