La Casa Blanca evalúa una nueva medida que podría ofrecer protección a más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, brindándoles la oportunidad de trabajar legalmente y eventualmente obtener la ciudadanía. Esta iniciativa, conocida como “Parole in Place”, busca responder a las críticas que el presidente Joe Biden ha recibido tras su reciente decreto de control fronterizo.
Un movimiento estratégico en año electoral
El presidente Biden ha enfrentado una oleada de críticas por su orden ejecutiva que cierra la frontera y restringe el asilo. Ahora, con esta posible nueva medida, la administración pretende mitigar el impacto negativo entre el electorado latino y responder a las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. La decisión, adelantada por The New York Times y CNN, aún no ha sido confirmada oficialmente por la Administración.
De aprobarse, este programa ofrecería beneficios similares a los que ya reciben los 560.000 “soñadores” bajo DACA (una política migratoria) y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes renuevan sus autorizaciones de empleo cada dos años y cada 18 meses, respectivamente. Aunque los detalles aún no se han profundizado, se estima que más de un millón de personas podrían beneficiarse de esta iniciativa.
Presión desde el congreso y organizaciones de derechos
La propuesta ha sido impulsada por un grupo de organizaciones promotoras de los derechos de los migrantes y congresistas demócratas, quienes buscan presionar al presidente Biden para que use su poder ejecutivo. Los republicanos en el Congreso han bloqueado repetidamente iniciativas para proporcionar una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados, una de las promesas de campaña de Biden.
El desafío del Congreso
El Senado ya ha rechazado previamente un proyecto de ley que incluía una financiación significativa para la contratación de agentes fronterizos y la creación de nuevos tribunales para descongestionar la frontera sur. La política de “tolerancia cero” de la era Trump, desmantelada por Biden, sigue siendo un punto de fricción entre los partidos, con los conservadores culpando a la administración actual por la crisis en la frontera.
Actualmente, la entrada ilegal a Estados Unidos impide a los migrantes obtener la ciudadanía, incluso si cumplen otros requisitos, como estar casados con ciudadanos estadounidenses. Esta nueva medida podría permitir a algunos inmigrantes recibir un “estatus de inmigración legal” y ser elegibles para iniciar el proceso de ciudadanía, superando una barrera significativa en el sistema de inmigración legal.
Un guiño al electorado latino
La medida busca reducir el daño causado al electorado latino por la reciente política de control fronterizo. Biden ha sido criticado tanto por organizaciones defensoras de la inmigración como por republicanos y miembros de su propio partido. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que demandará la norma en los tribunales, y 46 organizaciones firmaron una carta conjunta repudiando la medida.
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Excelente decisión