La ciudad-estado enfrenta su hora más sombría con la aprobación unánime de una nueva ley de seguridad nacional, otorgando al gobierno de Hong Kong más poder para reprimir la disidencia, en una escalada del control chino tras las protestas de 2019.
Conocida como el Artículo 23, esta legislación, temida por su impacto en las libertades civiles, permitirá procesar a ciudadanos por delitos que incluyen “colusión con fuerzas externas”, traición y espionaje, entre otros.
Esta ley se suma a una similar impuesta por Beijing en 2020, que ya ha silenciado gran parte de la oposición en el centro financiero asiático. Los críticos temen que esta nueva normativa erosione aún más las libertades civiles prometidas cuando Hong Kong volvió a China en 1997.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. Taiwán, país que Beijing considera parte de su territorio, calificó la aprobación como una “tragedia”, condenando el fin del principio de “un país, dos sistemas” y utilizando el caso como ejemplo para rechazar cualquier reunificación con China.
El Partido Democrático Progresista de Taiwán, tildado por Beijing de “independentista”, describió este día como “el más oscuro para Hong Kong”, advirtiendo sobre la “destrucción de la libertad y la democracia” en la ciudad.
Mientras tanto, el opositor Kuomintang, cercano a Beijing, destacó el valor de la libertad y la democracia disfrutadas en Taiwán, instando al régimen chino a reconsiderar la supresión de la libertad individual.
La Unión Europea y países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón también han manifestado su rechazo, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció la adopción acelerada de la ley como un “paso regresivo para la protección de los derechos humanos en Hong Kong”.
Esta nueva ley marca un cambio drástico en el panorama político de Hong Kong desde las protestas de 2019, con activistas procesados, medios cerrados y un éxodo de jóvenes profesionales y familias hacia el extranjero.
